El Consejo de Estado fue la última institución que limó algunos de los pasajes más polémicos y controvertidos de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza o ley Fernández, y que se aprobó ¡¡¡en pleno julio!!!. Antes, otras dos instituciones prestigiosas .....jijiji (perdón, se me ha escapado), el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, entregaron sus dictámenes advirtiendo de la inconstitucionalidad de algunos de los preceptos. Según se empeñan en decir desde el Gobierno, todas las objeciones han sido recogidas por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, encargado de efectuar el photoshop a la nueva y actual ley, que entrará en vigor a primeros de julio del próximo año.
Por su despacho dicen que han pasado también desde Amnistía Internacional a Greenpeace (Paquirrin, Snoopy o la Bruja Lola tenian una agenda apretada por aquel entonces), y que han hecho igualmente sus aportaciones. A pesar de los cambios, meses después, el articulado sigue suscitando los recelos de las fuerzas de izquierda y de las organizaciones sociales, que mantienen que el proyecto vulnera claramente y en la practica el Estado de derecho.
Las modificaciones más destacadas dicen ser:
✶ La entrada y registro de domicilios, para los que será necesaria autorización judicial o la evidencia de delito.
✶ La identificación de personas, que no podrá realizarse por una mera infracción administrativa.
✶ Los controles y cacheos en la vía pública, que sólo se realizarán cuando puedan ayudar a evitar un delito grave.
✶ Las multas, que se implantarán por tramos y en función de la capacidad económica del sancionado y sus circunstancias.
✶ Las multas a menores por consumo o tenencia de drogas, que se suspenderán si se someten a tratamiento y rehabilitación.
✶ Las multas por prostitución cerca de parques y colegios, que se limitarán a los clientes.
✶ Las concentraciones frente a edificios institucionales (como el Congreso), que podrán realizarse siempre que no supongan "una seria perturbación de la seguridad ciudadana".
✶ La responsabilidad por actos vandálicos en manifestaciones, que no se volcará en los organizadores de la concentración.
✶ Y bla, bla, bla .....
Los medios de comunicación consideran asimismo en sus titulares que se ha "suavizado" la polémica norma, algo que Fernández Díaz niega como si siguiera un guion determinado. "No se trata de suavizar ni de reforzar sino de precisar técnicamente mejor", sostiene.
Pues bien, aun así, el uso
excesivo de la fuerza policial, el aumento de las multas a
manifestantes, las identificaciones masivas e injustificadas en las
concentraciones, los intentos de estigmatizar los movimientos sociales,
el uso arbitrario de material antidisturbios, el endurecimiento de la
legislación reguladora del derecho a la protesta ... y todo lo que
continua ocurriendo desde la aprobación de la flamante ley, hacen que LA CIUDADANÍA (que somos todos, y en la que parece que descansa la
soberanía nacional) PERCIBA QUE SE HA APROBADO LA LEY 
QUE SE QUERÍA
APROBAR, y no otra. Ocurre algo parecido a lo de los salarios o el empleo, por
ejemplo, que se empeñan en hacernos creer que "suben moderadamente"
cuando, cualquiera que hable con la gente y ande por la calle (sin
levitar sobre ellas en sus coches oficiales), sabe cual es la verdadera
realidad.
Según escribe Pedro Oliver, profesor de Historia
Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha (un mindundi,
vaya), en el balance de estos tres años de protesta social, ya hay
suficientes datos sobre el papel jugado por las fuerzas de orden público
como para hacerse una idea de lo que verdaderamente ocurre. "Han
respondido a los últimos fenómenos masivos de indignación social y
política ―desde el 15M de 2011 hasta ahora― con tres tipos de
represiones: - la represión “legal”, que ejerce una patrulla policial desplegada en la calle, con o sin antidisturbios, con o sin proporcionalidad y no pocas veces extralimitándose
- la burorrepresión, que pretende desalentar e intimidar a los movimientos sociales con multas y trabas legales por ejercer derechos fundamentales como los de reunión y expresión
- y la represión “sucia”, la que se lleva a cabo de forma opaca, normalmente a través de una labor previa de infiltración de agentes policiales en las organizaciones que dinamizan los movimientos sociales, so pretexto de prevenir con “inteligencia” las manifestaciones potencialmente violentas, y con el fin (lógicamente inconfesable) de provocar el
descrédito de los activistas ante la opinión pública,
manipulando desde dentro sus métodos y mensajes o desencadenando
actuaciones que justifiquen la contundencia de la represión “legal” o
incluso hermoseen su brutalidad"Visto lo visto ..... ¡¡¿Y todavía hay alguien que se sorprenda del auge de determinada formación política?!!
Yo,
que todos los días que trabajo circulo por la Castellana, verdadero
salsódromo patrio y lugar donde, de largo, más manifestaciones se producen
en España (casi a diario), compruebo de primera mano como se las gastan
ALGUNOS defensores de nuestra seguridad en estos momentos. Tener que
dar un rodeo o esperar a que pase la tensión no me molesta ni me
preocupa (demasiado), es lo de menos; lo que me molesta, y que me llamen
raro (además de no poder quedarme un ratillo en las manifestaciones porque voy con la hora pegada), es el despotismo, tener
que soportar actitudes chulescas de quien debiera protegerte día sí y
día también, y el retroceso en cuanto a derechos de la ciudadanía (si a uno
le da por comparar la situación actual con la vivida en primera persona en los años finales
de la década de los 70, es ya para alucinar). Supongo, y solo supongo, que los que vivan alejados de estas situaciones por tener su residencia en lugares periféricos y con una relativa paz social, no tendrán la misma percepción, aunque lo vean por la tele. Pero bueno será que se les muestre aunque sólo sea para que queden debidamente informados, para que salgan de su letargo, y por aquello de que cuando las barbas de tu vecino veas cortar .....
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