La Ley de Violencia de Género protege "situaciones de abuso"

MI MAS ABSOLUTO RESPETO Y APOYO A TOD@S AQUELL@S QUE SE CONSTITUYEN EN VÍCTIMAS DEL MALTRATO (domestico o no). UNA MENCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS Y MAYORES QUE SUFREN LOS DAÑOS COLATERALES EN TODO ESTO. NO HE QUERIDO PUBLICAR NINGUNA FOTO (en este post, al menos). ME PARECÍA DE MAL GUSTO

El juez titular del Juzgado de Familia 7 de Sevilla, Francisco Serrano, ha dicho que ve injusta la Ley Integral contra la Violencia de Género y ha advertido de su posible "efecto perverso", al proteger "situaciones de abuso" y no a las mujeres que realmente sufren maltrato. Además, cree que "estigmatiza" al hombre. Ahí queda eso.

Casi diez años después de su promulgación, ya son muchas (nunca suficientes para nuestros políticos por el clarísimo rédito electoral y su consabida lejanía de la realidad manifiesta) las voces que señalan que la discriminación y la arbitrariedad en las reglas de la convivencia social han aumentado de la mano de la Ley de Violencia de Género. Viene a ocurrir algo parecido a lo del "bipartidismo interesado" existente, que si bien al principio de la Transición parecía útil e incluso conveniente, a estas alturas del campeonato se considera una contrariedad o rémora superable. Y lo que es mas claro aún, dichas voces que señalan el problema no solo son voces masculinas (las criticas femeninas a la Ley no deberían resultar sospechosas). A mi particularmente, la mismísima jueza que un día condenó al amparo de dicha Ley a un muy buen amigo mio llegó a confesarme (en privado, claro) que si le hubiera juzgado ahora, con el conocimiento adquirido en todos estos años, la sentencia habría sido otra y muchisimo mas favorable para el acusado y juzgado amiguisimo.

Son ya muchas las voces que señalan el sesgo de la Ley Integral contra la Violencia de Género y que advierten de su posible "efecto perverso", al proteger "situaciones de abuso" y no a las mujeres que realmente sufren maltrato. En una entrevista a EFE, el anteriormente citado juez Serrano ha dicho que la ley "ha traído cosas buenas, como el hecho de que la sociedad ya no tolera situaciones de violencia machista, pero también se están produciendo abusos porque no ha hecho una buena definición del maltrato".

Entre los aspectos injustos, se encuentra que la ley "estigmatiza" al hombre acusado de maltrato, pues incluso después de demostrar que se trataba de una denuncia falsa, su proceso de divorcio seguirá en el Juzgado de Violencia de Género y no pasará al de Familia. La supresión de la presunción de inocencia, el tratamiento desigual ante la ley penal por razón de sexo, la conformación de tribunales especializados que en la práctica son tribunales especiales para juzgar sólo varones y un incorrecto enfoque en el tratamiento de la violencia al confundir la violencia intrafamiliar y la violencia de género no son la solución sino una de las causas del incremento de la violencia domestica que padece nuestra sociedad.

Un símil con Guantánamo

Cuando la mujer denuncia un caso de maltrato, inmediatamente recibe el apoyo de cuatro o cinco instituciones entre el abogado de oficio, el fiscal y las asociaciones contra la violencia, mientras que el hombre solo tiene a su abogado y, si luego pretende acusar por denuncia falsa, se encuentra ante la dificultad de "demostrar un hecho en negativo, es decir, deberá demostrar que ella no se "equivocó" al denunciar". Esta situación es comparable a la existente en la base de detención de Guantánamo: "Cuando a un hombre se le denuncia, lo llevan a la cárcel, lo encierran y tiran la llave de su celda".

Por otro lado, de forma paralela a la Ley de Violencia, nunca se modifican las condenas en la misma proporción en caso de denuncia falsa probada y jamás se llega a la retirada de la custodia para el cónyuge que denuncie en falso. Estas desigualdades y situaciones injustas llevan incluso a más violencia, donde antes no la había, e incluso a hombres que se suicidan antes de matar (y parece que esto se ve bien sin que estos datos aparezcan en la "foto oficial") o a hombres que matan antes de suicidarse (y esto, lógicamente, siempre se ve recriminado por la sociedad).

"Hembrismo"

En los procesos de divorcio o separación se debería abogar por la mediación y la conciliación, hechos que no se fomentan en España porque atacan la "línea de flotación" de las asociaciones que viven (casi exclusivamente) de las subvenciones para la lucha contra el maltrato de uno de los dos géneros. Esta es otra, "gracias" a la Ley (casi) se nos viene olvidando que existen dos géneros. No deberíamos olvidar la situación real que se está generando, que no obedece a la realidad que tenemos que combatir. Se está transmitiendo una parte de la imagen, maquillando las cosas por intereses diversos pero aliados. Paralelo al machismo que existe (en ambos sexos, recordemos) y no se puede negar, ha surgido un "hembrismo" (no confundir con feminismo) que considera a la mujer como un ser inferior necesitado de protección especial, una situación que recuerda a la ideología de la Sección Femenina de la Falange, que también practicaba la discriminación positiva aunque desde un "machismo casposo y cavernícola".

Se debería distinguir entre el verdadero maltrato y la conflictividad propia de cualquier ruptura para no llegar a la hipocresía de que, en vez de proteger debidamente y efectivamente a las víctimas (les cuelgue o no algo entre sus piernas), estemos protegiendo situaciones de abuso. Según las últimas estadísticas (no publicadas, claro, desde ningún Ministerio) de los casos denunciados en el Juzgado de Violencia de Género, solo el 14 por ciento responde a violencia habitual y el 86 por ciento restante son situaciones de ruptura de pareja en las que ambos se dicen de todo menos guapo. Esto ya parece ser percibido por quienes en definitiva deben impartir justicia, y que no son otros que las juezas y jueces; ni el Gobierno, ni "nuestros" parlamentarios, ni ninguno de los dos miembros de la pareja, ni (muchisimo menos) la cúpula gestora de esas asociaciones un tanto ya casposas creadas al amparo de la Ley.

Derogación o reforma

Existen fundadas razones para que dicha Ley sea abolida (o cuando menos reformada) y retirada de inmediato del ordenamiento jurídico español a tenor de las dificultades teóricas y las consecuencias practicas de tipo social y económico, sobre todo, que se han puesto de manifiesto en los casi diez años transcurridos desde su promulgación.

-- La primera razón para su abolición es de carácter teórico, porque el artículo primero de dicha Ley dice así: La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sea o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Según la redacción de este y otros artículos el objeto de la Ley no es la violencia contra la mujer en general sino exclusivamente la violencia que ejercen los hombres que han sido sus cónyuges o han estado ligados a ellas por relaciones heterosexuales con afectividad aún sin convivencia. Por otro lado, se establece por definición que las relaciones heterosexuales se ejercen dentro de unas supuestas relaciones de poder que los hombres ejercen sobre las mujeres con lo que cualquier varón heterosexual podría ser objeto, como de hecho lo es, de esta Ley. La vulnerabilidad a ser acusado por este tipo de delito resulta total y por tanto se deduce falta de libertad en el ejercicio de la misma. Es absurdo definir que las relaciones heterosexuales se ejercen desde un esquema de poder pues la principal consecuencia sería que la mujer cuando voluntariamente ejerce la heterosexualidad es también culpable (o cuando menos cómplice) o incapaz de ejercer la sexualidad libremente, lo que equivale a considerarla “ menor de edad” que es realmente cómo es tratada con esta ley. La Ley Integral contra la Violencia de Género además de criminalizar claramente la heterosexualidad (la homosexualidad ni se considera) mezcla los conceptos de violencia de género y violencia doméstica dando pie a gran número de complicaciones cuando no aberraciones jurídicas. De hecho los juzgados vienen siendo incapaces de resolverlas.

-- La segunda razón de oposición a la ley es de carácter práctico. A más de un millón de varones en España se les ha aplicado esta Ley arbitraria que a su vez ha modificado la ley de enjuiciamiento criminal. Desde el año 2004 se puede detener sin pruebas en el caso de acusación de maltrato y si la denuncia resulta falsa no puede perseguirse de oficio por tratarse de una denuncia de género. A muchos varones españoles (a sus familiares y amigos), se les ha destrozado su vida sin justificación practica alguna.

Más de cien mil procesos civiles han sido convertidos en penales en los casos de separación y divorcio y se les ha aplicado penas, entre ellos la limitación de convivencia con sus hijos, con la sola acusación y sin haberse probado el delito de violencia contra la mujer. Más aún, la pena ha caído sobre los hijos, a quienes se les ha separado de sus padres. Se especula, pues los datos se ocultan (sospechosamente), que más de cinco mil hombres cumplen o han cumplido condena por delitos de género nunca cometidos. Y muchos miles han cumplido y están cumpliendo penas injustas al haber sido cambiada arbitrariamente la calificación de la falta en delito, sólo en el caso de los varones, por supuesto. Si en EE.UU. una vez se hizo un estudio (que nadie critica o invalida ya gracias a los avances de la ciencia - ADN) según el cual al menos el 9% de los "asesinados" en el corredor de la muerte de sus cárceles eran absolutamente inocentes, ¿no estaremos siendo injustos (que no ilegales) con un porcentaje similar? De hecho los varones cargan con una doble consideración en su delito mientras que las mujeres sólo pueden cometer violencia doméstica pero nunca de género. ¿Se puede sostener semejante discriminación? ¿No tenemos asumido ya que el fin nunca justifica los medios?

Las "locuras" de varones en el caso de haber sido denunciados por violencia de género infundadas se ha disparado a cotas impensables. No se ofrecen datos a la opinión pública con claridad en este sentido, ni tampoco se habilitan ningún tipo de intervenciones ni medidas administrativas o económicas asociadas a este hecho. La violencia intrafamiliar, desgraciadamente, no ha dejado de aumentar desde la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Se juega con ambos conceptos y la violencia puede ser considerada violencia de género o violencia doméstica según interese a la estadística. Las diferencias entre las penas que sentencian los juzgados españoles por violencia ejercida en contra de uno u otro sexo, llegan a tales diferencias, legalmente injustificables y éticamente difíciles de justificar, según el ejecutor sea una mujer o un hombre que seguir por ese camino ya resulta inviable. No debe ser esa, según se empieza a vislumbrar machaconamente, la manera de resolver el problema.

-- La tercera y última razón, es de orden económico. Mientras en Europa se han promulgado leyes contra la violencia intrafamiliar sobre la base de la igualdad y las medidas de actuación: intervención rápida, alejamiento de la víctima, separación de los menores etc., se aplican a todos los miembros de la familia independiente del sexo, en España se ha optado por una Ley contra la Violencia de Género, discriminatoria y por tanto injusta. El hecho de que el alto Tribunal Constitucional llegara a considerar constitucional esta ley no dice sino de la pérdida en aquel momento de su carácter realmente democrático o independiente y de su claro sesgo político.

En la mayoría de los países europeos el dinero para combatir la violencia intrafamiliar se gestiona desde el Ministerio de la Familia (porque existe y se dedica a ayudar a ésta). En España este Ministerio nunca existió y se desenfocó el tratamiento igualitario que exige el problema de la violencia intrafamiliar. Por otro lado todo el mundo sabe que gran parte de los fondos europeos para estas políticas se basan el número de denuncias de violencia contra la mujer. Llamadme malpensado, pero ¿no será que engordar un problema que ya es gordo de por si, ayuda a obtener pingües beneficios?

Cada vez es mas cierto que sólo a través de un debate abierto y sincero sobre la violencia intrafamiliar y la violencia hacia la mujer se llegaría a las mismas conclusiones a las que se ha llegado en Europa (civilizada ella ¿o en esto no?): Promulgar una LEY CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR de carácter igualitario y DEROGAR LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO con carácter urgente dada la desprotección en la que queda la familia sea cual sea la estructura de la misma y el daño social producido. Pero ¿que partido político tendrá los arrojos de ponerle el "cascabel al gato" y arriesgarse a no saber explicar las buenas intenciones de la propuesta? Ahí lo dejo.


Si tenemos en cuenta que el 51% de la población en España son mujeres (el 54% si son mayores de 18 años), tendré que confiar en el buen juicio de gran parte de la población (la femenina, cosa que no me cabe ninguna duda) para no resultar estigmatizado desde el desconocimiento con esta publicación que he tratado de fundamentar no se si con acierto. En ello confío. Desde luego, quien me trató me conoce; y si me conoce (perdonad la petulancia), afortunadamente, termina por quererme o al menos entender la coherencia y consistencia de mis (alguna vez equivocadas ¿por que no?) ideas.