39 años de la Matanza de Atocha

Hechos y contexto socio-político

El PCE promovió a partir de 1966, una serie de despachos de abogados laboralistas con la finalidad de asesorar y asistir jurídicamente a los trabajadores que lo necesitaran. Desempeñaban una función imprescindible de apoyo legal a la acción reivindicativa de los trabajadores. En principio actuaron así, y terminaron dando asistencia al movimiento ciudadano que acababa de nacer, por lo que los abogados se convirtieron además, en abogados de barrio que atendían de forma mayoritaria a asociaciones de vecinos.

El trabajo que realizaban era colectivo. Todos los componentes del despacho, desde los abogados a los administrativos cobraban lo mismo y tomaban las decisiones de forma conjunta. Los únicos ingresos que percibían como fruto de su trabajo era el porcentaje sobre el resultado económico del juicio, si este era favorable al trabajador.

Portal del 55 de la calle Atocha, entonces

El 24 de enero de 1977, cuando faltaban quince minutos para las once de la noche, aún se encontraban trabajando en una reunión de coordinación de movimiento vecinal. De forma violenta irrumpió en el despacho un grupo de pistoleros fascistas componentes del “Comando Hugo Sosa” de la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A). Uno empuñaba una Browning 9 mm Parabellum, y el más joven una Star de 9 mm, modelo Super.

Pusieron contra la pared a los ocho abogados y al auxiliar y se desencadenó el terror de las balas a poco más de medio metro de distancia. Fueron tantos los disparos que al principio se creyó que utilizaban metralletas. José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá apretaron el gatillo, mientras Fernando Lerdo de Tejada vigilaba desde la puerta. Contaron con la complicidad de Leocadio Jiménez Caravaca que les facilitó las armas, y Gloria Herguedas, novia de Fernández Cerrá.

Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, y Ángel Rodríguez murieron en el acto. Francisco Javier Sauquillo y Serafín Holgado ingresaron con vida en el hospital, falleciendo al día siguiente. Luis Ramos, Alejandro Ruiz, Dolores González y Miguel Ángel Sarabia resultaron gravemente heridos, pero lograron sobrevivir. Dolores perdió a su marido, Javier Sauquillo, y al hijo que esperaba.
El objetivo inicial de los asesinos era el dirigente comunista Joaquín Navarro, sindicalista del sector del Transporte y principal promotor de la huelga de transporte que en aquellos días paralizaba Madrid enfrentándose a los intereses del sindicato vertical. Joaquín Navarro había estado toda la tarde en el despacho de Atocha organizando la huelga del transporte y se marchó hora y media antes de que llegaran los pistoleros.


La noticia de la matanza conmocionó a todo el país y la inseguridad sacudió a la clase política. Algunos de sus miembros llegaron a abandonar sus domicilios.En los dos días anteriores habían muerto otras dos personas relacionadas con movimientos de izquierdas, una a manos de la misma Triple A y otra por un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia durante una manifestación en protesta por la muerte del primero. Debido a todo ello, se temía una reacción violenta que ayudase a desestabilizar aún más la transición política.



Al entierro de las víctimas de Atocha asistieron más de cien mil personas. Fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte del dictador Franco, y transcurrió en silencio y sin incidentes. Le siguieron importantes huelgas y muestras de solidaridad en todo el país, además de un paro nacional de trabajadores el día después del atentado. En estas muestras de fuerza se dio la paradoja que las fuerzas de seguridad incluso protegieron a los miembros de un partido todavía ilegal, contribuyendo en buena medida, incluso algunos lo consideran como el momento decisivo, para su legalización. En abril, tres meses después, la legalización se oficializó el día conocido como Sábado Santo Rojo, por ser sábado de la Semana Santa, festividad católica para así aprovechar y mitigar parte de la oposición política y militar en vacaciones. En febrero el gobierno de Adolfo Suárez ya habían comenzado a legalizar otros partidos como el PSOE o el PNV.

Un vídeo documental que muestra el contexto socio-político de aquel año y, expresamente, el entierro de los asesinados

La Matanza de Atocha es quizás el clímax o el momento más grave de los distintos sucesos violentos que van sucediéndose, poniendo en peligro un cambio político y social en el país, con atentados del grupo terrorista vasco ETA (responsable de 28 muertos en 1977), el maoísta GRAPO (en el mismo mes responsable de la muerte de dos guardias civiles y un policía) o por ejemplo de otras organizaciones como el Movimiento Para la Autonomía e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). En junio se convocan las primeras elecciones generales democráticas posteriores a la dictadura franquista, en un ambiente de gran efervescencia o inquietud social y político que a muchos les recordó la proclamación de la Segunda República en 1931.

A pesar del temor de autoridades y grupos políticos, los abogados tuvieron un entierro multitudinario y sin incidentes. Decenas de miles de personas salieron a la calle para presenciar en silencio, muchos entre lagrimas, el paso de la comitiva fúnebre de aquellos hombres que participaron en la lucha y la libertad en España.

Segun la sentencia de febrero de 1980, la matanza de Atocha fue ordenada por el secretario provincial de Madrid del Sindicato vertical de Transportes, Francisco Albadalejo Corredera, como escarmiento a los “rojos” inspiradores de una huelga de transportes que perjudicaba al Sindicato. Fue condenado a 73 años de prisión. Siempre existió la sospecha de que la trama de criminales no se detenía en ese eslabón.


¿Qué fue de los asesinos de la matanza?

«Átame las alpargatas, morena mía, dame el fusil /
que voy a matar más rojos que flores tienen mayo y abril»

Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira y Ángel Elías murieron en el acto. Luis Ramos, en el suelo y con las tripas fuera, le decía a Miguel Ángel Saraiba: «Nos han matado, Miguel». Pero los dos sobrevivirían, como Alejandro Ruiz y Dolores González ésta perdió al hijo que llevaba dentro . Los otros dos que pudieron oírle, Francisco Javier Sauquillo (marido de Dolores) y Serafín Holgado, duraron un sólo día con vida en el hospital.

Leocadio Jiménez Caravaca, ultra-
derechista que facilitó las armas
al autodenominado Comando
"Hugo Sosa"

Los asesinos salieron mucho mejor parados, después
de atarse las alpargatas y seguir al pie de la letra el resto de consignas de la cancioncilla falangista de la Guerra (in)Civil. El clima de ruido de sables de aquella España (aún se esperaba que Franco resucitara al tercer día), invitaba a la impunidad. José Fernández Cerrá, con su Browning F/N 9 mm. parabellum, Carlos García Juliá con su Star y Fernando Lerdo de Tejada entraron en el despacho, pusieron a los nueve ocupantes del bufete contra la pared y dispararon a cara descubierta.

Tras limpiar el portal de Atocha 55 de rojeras, ni siquiera se tomaron la precaución de huir de Madrid. Creían haber iniciado la II Santa Cruzada 40 años después, y poner tierra de por medio es de cobardes. La policía los detuvo, en consecuencia, sin dificultad, aunque los agentes rehusaron cobrar la recompensa a la que tenían derecho.

Un vídeo resumen sobre:
1.- el testimonio personal de Miguel Sarabia, uno de los supervivientes
2.- cómo ABC, El Correo Español, El Pueblo Vasco, Diario 16 y La Vanguardia trataron los hechos durante la cobertura desde el 25 de enero hasta el día 30 
3.- un extracto de la película "7 días de enero", de J. A. Bardem

Ya antes del comienzo de la vista, a Fernando Lerdo de Tejada, sobrino de una secretaria de Blas Piñar (fundador de Fuerza Nueva), le concedió el juez instructor un permiso de fin de semana. El reo desmintiendo la semántica de su primer apellido no se reincorporó a la cárcel de Ciudad Real aquel 17 de abril de 1979 y, hasta hoy, permanece perdido en la noche de los tiempos. La huida fue fácil: primero se escondió en La Manga, donde su hermano Luis tenía un negocio. Después partió hacia Francia en coche. Se sabe que en Perpignan le proporcionaron dinero, documentación falsa y un billete hacia Sudamérica. Presumiblemente, pasó varios años residiendo en Chile y, en la actualidad, fuentes cercanas a la familia lo sitúan en Brasil. Hoy podría haber regresado a España.Su delito prescribió en febrero de 1997.

Fernández Cerrá (izq) y  Lerdo de
 Tejada (dcha) dos de los asesinos

Pero nadie ha sido capaz de dar cuenta de su
paradero. Ni siquiera en El Toboso (Toledo), donde residen por temporadas su madre y sus hermanos. Al preguntar por él, muchos vecinos cuelgan el teléfono directamente. Otros responden con reservas: «Nunca más volvió aquí», afirma una amiga de la madre de Lerdo de Tejada que prefiere mantener el anonimato. «Si le preguntas por él, nunca dice dónde está. "Sabemos poco de él, pero bueno", es lo que me contesta siempre», añade. Su sobrino Francisco Javier Lerdo de Tejada, residente en Madrid, asegura no haber sabido de él desde entonces: «Apenas tengo recuerdos de él. Yo tenía entonces sólo cuatro años. No lo he visto desde entonces». Tampoco en Fuerza Nueva se supo nunca más de sus andanzas.

Blas Piñar (con altavoz) y Carlos García Juliá
(asesino de la matanza de Atocha) Mitín de Fuerza Nueva

Fernández Cerrá y García Juliá sí fueron juzgados y condenados, cada uno, a 193 años de cárcel. El móvil del crimen del autodenominado Comando Hugo Sosa, vinculado a la Alianza Apostólica Anticomunista, se desveló como un escarmiento a los inspiradores de una huelga de transportes que se enfrentaba a los intereses del Sindicato Vertical. El secretario provincial del Transporte de Madrid, Francisco Albadalejo Corredera, fue condenado a 73 años de prisión por haber dado la orden a los asesinos. Leocadio Jiménez Caravaca ya fallecido, como el anterior fue quien suminstró las armas y cumplió una condena de cuatro años, dos meses y un día. La novia de Fernández Cerrá, Gloria Herguedas, fue condenada a un año de cárcel por complicidad.

García Juliá, que aquella noche de 1977 fue el encargado de dar el tiro de gracia con su Star a Sauquillo y Holgado, no ha dejado de mostrar su ejemplaridad humana desde que, el 23 de septiembre del 91, el juez Ignacio Sánchez Ybarra decretara su libertad condicional tras 14 años de tambo en Villanubla. En agosto de 1994, solicitó permiso a la Audiencia Nacional para viajar a Paraguay atendiendo a una oferta de trabajo de la empresa Traflumar (Tráfico Fluvial y Marítimo).

El permiso le fue concedido por el juez José Luis Castro, pero lo revocó días después a petición de la Fiscalía. En diciembre de 1994, se solicitó formalmente su regreso a España, pero García Juliá no compareció. El 11 de mayo de 1996 era detenido por la policía boliviana bajo la acusación de tráfico de drogas. Lo delataron dos mulas (correos de los narcos) sorprendidos con 15 kilos de cocaína un día antes en un avión con destino a Zürich.La policía boliviana no pudo ver confirmada durante el juicio su sospecha de que los fondos recaudados por Juliá eran invertidos en la financiación de grupos parafascistas, Desde entonces, el ultraderechista permanece recluido en la prisión de alta seguridad de Palmasola (La Paz). El Gobierno español, a petición de Izquierda Unida, acordó solicitar su extradición tras su reunión de 20 de abril de 2001. Según el auto dictado por la Sala un año antes, tiene pendiente en España el cumplimiento de los 3.855 días de prisión que quedaron en el limbo de la culpa tras la revocación de su libertad condicional y su fuga.

Por último, Fernández Cerrá cumplió 15 años de cárcel y salió con la condicional en 1992. Jaime Sartorius, que durante el juicio actuó como abogado de la acusación y que fue quien introdujo en el PCE a cuatro de los cinco abogados asesinados, afirma haber escuchado rumores de que, tras su puesta en libertad, Cerrá había estado vinculado a una empresa de seguridad. «Imagínese, una persona así en una empresa de seguridad, me parece espantoso», dice. Ni él ni el resto de abogados implicados en la causa pueden dar cuenta de su paradero: «Nos hemos intentado olvidar de esa gentuza».

Escultura conmemorativa


 

  

Juan Genovés

El Abrazo, escultura del pintor y escultor valenciano Juan Genovés (1930), está considerada la obra más representativa de la Transición política y social española. El Abrazo ha servido muy especialmente para homenajear la Matanza de Atocha de abogados laboralistas en enero de 1977, uno de los hechos más graves y atroces de lo que llamamos Transición. Está situada en Antón Martín, una plazuela de Madrid aledaña al barrio de Lavapiés que cruza la calle Atocha. Hoy, el edificio más destacado es el Monumental Cinema. Otra casa notable es la de la vieja farmacia de El Globo, destruida casi enteramente por una bomba de aviación en 1936. En la plazuela concluye la calle Magdalena que viene de la Plaza de

Plaza de Antón Martín

Tirso de Molina y empieza la de Santa Isabel, que desciende hasta el Museo Reina Sofía. También desemboca a unos pasos la del León donde vivió y murió Miguel de Cervantes. El entorno, desde cualquier esquina y rincón, es de una trascendencia madrileña de primer orden, porque hasta la plazuela fue el escenario en que se desencadenó el Motín de Esquilache.

Desde junio del 2003 lo más relevante de Antón Martín es el magnífico grupo escultórico de 2,3 metros de altura por 3,5 de diámetro, alzado sobre pedestal de piedra que desde el suelo alcanza los 6 metros. La obra fue realizada por el mismo Juan Genovés, que adaptó su propio cuadro, llamado tambien El Abrazo,

Cuadro "El Abrazo"

en memoria de las cinco personas asesinadas a tiros la noche del 24 de enero de 1977 mientras trabajaban en su despacho profesional.
Tres eran abogados, otro estudiante de derecho y el quinto trabajaba como administrativo. Otros cuatro fueron heridos por los disparos. Acababa de empezar el segundo año de la Transición que se inició en noviembre de 1975. Hasta el 24 de enero de 2007 no fue incorporada la placa conmemorativa que informa a los transeúntes más jóvenes acerca del monumento, su significación y los tristes hechos acaecidos a unos cincuenta pasos del lugar: en el tercer piso del

Placa conmemorativa

número 55 de la calle Atocha, como indica a su vez una lápida en el portal. En la escultura aparecen personas a las que sólo se las ve enteramente de espaldas. No hay caras ni fondo ni suelo ni cielo. Todo son espaldas, como si todo lo demás fuera secundario. Lo importante era el abrazo.

El artista, primero bocetó la obra pictórica en cera. Hizo una parte abstracta y otra totalmente descriptiva. Repitió varias veces su parte emblemática. Del boceto a escala en cera en Valencia, llevó a cabo el boceto a tamaño real también en cera. Luego, finalmente, transporto la escultura a una fundición y obtuvo la obra en bronce. En su emplazamiento influyó la decidida posición mantenida por la oposición y la actitud de CC.OO. El Ayuntamiento de Madrid de Álvarez del Manzano no tuvo mas remedio que decir sí y hoy la escultura está en Antón Martín.

 

Los 7 días que hicieron temblar la Transición

Un articulo de Jesús Duva para El País

El exministro Martín Villa

"Solamente en aquellos días de enero vi seriamente amenazada la Transición”. Quien lo dice tiene sobrados argumentos para hacer tan rotunda afirmación. Es Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación en 1977, quien entonces, hace ahora 39 años, hubo de hacer frente a una ofensiva criminal que colocó a la naciente democracia al borde del precipicio. A esa situación se llegó por la concatenación de episodios como los secuestros de Antonio María de Oriol y del general Emilio Villaescusa, el asesinato de los abogados laboralistas de la calle de Atocha, la muerte del estudiante Arturo Ruiz por disparos de un ultraderechista y la muerte de la joven universitaria María Luz Nájera al ser alcanzada por un bote de humo de la policía antidisturbios. España iba de sobresalto en sobresalto tras los “cuarenta años de paz” de la propaganda de régimen franquista.
A sus 77 años, Martín Villa conserva una lucidez y una memoria prodigiosas. Recuerda nombres y fechas con precisión. Es un magnífico guía para recorrer de su mano aquellos intrincados —y delicados— acontecimientos. Ministro de Relaciones Sindicales en el primer Gobierno de la monarquía presidido por Carlos Arias Navarro, fue llamado de nuevo al Ejecutivo encabezado por Adolfo Suárez, quien le asignó una cartera “de primera”: nada más y nada menos que la de Gobernación. Así, con solo 42 años, se convirtió en personaje clave de la Transición.

“En ese primer Gobierno de Suárez se hicieron las grandes transformaciones que luego consagraría la Constitución”, afirma. Y el Ministerio de la Gobernación era un macrodepartamento del que dependían la seguridad pública, la política de la Administración local y la administración de las libertades ciudadanas (asociación, reunión y manifestación). Ese Ejecutivo, encabezado sorpresivamente por Suárez, estaba formado por personas que, excepto cuatro militares, no habían participado en la Guerra Civil, aunque muchos de ellos sí habían tenido puestos destacados en la dictadura del general Francisco Franco.

Funeral por los abogados laboralistas asesinados en la calle Atocha de Madrid. / MARISA FLÓREZ

El Gabinete de Suárez, constituido en julio de 1976, disfrutó de una muy relativa calma hasta el 4 de octubre siguiente. Ese día, ETA asesinó a tiros en San Sebastián a Juan María de Araluce Villar, presidente de la Diputación de Gipuzkoa, junto con su chófer y tres policías de escolta. Al funeral por las víctimas asistieron miles de personas, entre ellas Martín Villa, que tuvo que salir por una de las puertas laterales del templo, mientras un grupo de exaltados cantaba el Cara al sol entre gritos de “Ejército al poder”. Sería la primera vez que el ministro tuviera que afrontar una situación tan cargada de tensión.

“No éramos un Gobierno democrático, sino salido de la legalidad franquista. Y además, seguramente éramos sospechosos de no ser capaces de garantizar el orden y la seguridad pública”, rememora hoy el entonces ministro. Este se extiende después en un largo análisis de la evolución política antes de llegar a los días del invierno de 1976 en que España estuvo al borde del abismo. Una fecha clave fue el 8 de septiembre de ese año, cuando el presidente Suárez se reunió con la cúpula militar para, entre otras cosas, sondear su posición ante una eventual legalización del Partido Comunista de España (PCE).

El 12 de noviembre de 1976 hubo una huelga general convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (entre ellas CC OO, UGT y USO). “Era una huelga política. Yo creía que había que ser beligerante y que el Gobierno debía hacer todo lo posible por que el país funcionara ese día. La Administración funcionó y la huelga fue un fracaso. Eso era muy importante porque vino a demostrar que el Gobierno era capaz de mantener el orden y hacer que el país funcionara con normalidad”, recalca Martín Villa. Según él, esa imagen de firmeza y eficacia era muy importante para convencer a la ciudadanía de que Suárez tenía todo bajo control y que era merecedor de la confianza popular.

“Ningún Gobierno tiene por qué hacer frente a una huelga general, pero en aquel caso era importante hacerlo para evitar que los ciudadanos de mayor edad asociaran esa situación con el recuerdo histórico de cosas que ocurrieron en la Segunda República porque algunos de sus Gobiernos no supieron mantener el orden”, añade.

Antonio María Oriol leyendo EL PAÍS en uno de los pisos en los que estuvo cautivo durante su secuestro. / REVISTA NOTICIAS

El 11 de diciembre, un comando de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) hizo “prisionero” a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. Un auténtico torpedo en la línea de flotación lanzado por un nuevo y minúsculo grupo de ultraizquierda que nuevamente puso en jaque al Ejecutivo. El secuestro produjo una reacción sorda, pero dura, del mundo político, lo cual puso otra vez más al jefe del Ejecutivo contra las cuerdas.
 

Pero España vivía al borde del infarto. Para más inri, cientos de policías y guardias civiles se echaron a las calles de Madrid el 17 de diciembre en demanda de un salario digno y su inclusión en el sistema de Seguridad Social. Ante este nuevo pulso, el Gobierno reaccionó con un gesto de firmeza destituyendo a toda la cúpula policial. Mariano Nicolás García, entonces gobernador civil de Valencia, fue designado director general de Seguridad; el general Antonio Ibáñez Freire fue nombrado jefe de la Guardia Civil y el general José Timón de Lara fue llamado como inspector de la Policía Armada (los famosos grises).

Horas antes de ser destituido de director general de Seguridad, Emilio Rodríguez Román había almorzado con Martín Villa y le había anunciado que ese mismo día iba a ser detenido el secretario general del ilegal PCE, Santiago Carrillo. En efecto, fue arrestado el 22 de diciembre cerca de la calle de López de Hoyos de Madrid, cuando iba disfrazado con una peluca.

“Las tensiones nos acompañaban desde el asesinato de Araluce y sus escoltas. Yo no tenía experiencia en el mando de policías y guardias civiles, excepto la poca que tuve siendo gobernador civil de Barcelona en 1974”, evoca hoy Martín Villa. El secuestro de Oriol era una prueba de fuego para él. Estaba un tanto desorientado sobre cómo pilotar las investigaciones y así se lo confió a Mariano Nicolás, recién nombrado director general de Seguridad.

“Mariano me dijo que la investigación estaba llevándose de forma desorganizada y que hacía falta alguien que la encauzara. Me habló de que él conocía a alguien que podía hacerlo”. Era el comisario Roberto Conesa, entonces jefe superior de Policía de Valencia, que durante muchos años había sido jefe de la franquista Brigada Político-Social y conocido cazarrojos. “Conesa recondujo las pesquisas y pronto empezó a haber pistas sobre un piso donde Oriol había estado secuestrado”, dice el exministro.

María Luz Nájera

María Luz Nájera, también estudiante, que pereció al ser alcanzada por un bote de humo de los policías 'antidisturbios' mientras protestaba por la muerte de Arturo.

Dicen los pesimistas que si hay algo susceptible de empeorar, lo más probable es que empeore. Y esta máxima se cumplió para agravar aún más la situación que padecía la débil e incipiente democracia española. El 23 de enero de 1977, mientras Oriol seguía en poder de los GRAPO, un pistolero ultraderechista asesinó a sangre fría al estudiante Arturo Ruiz, de 19 años, cuando participaba en una manifestación proamnistía en la céntrica Gran Vía madrileña.

Al día siguiente, María Luz Nájera, una veinteañera universitaria, falleció tras recibir en la cara el impacto de un pesado bote de humo lanzado por los antidisturbios para disolver a palos la manifestación convocada en la misma Gran Vía en protesta por el asesinato de Arturo Ruiz. Un nuevo quebradero de cabeza para el Gobierno de Suárez, que parecía acorralado por los acontecimientos, como si una mano negra moviese los hilos para desestabilizarlo.
Solo 24 horas después, otro terremoto sacudía a la sociedad desconcertada: el teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, era secuestrado a las puertas de su domicilio de la calle de O’Donnell, número 49. Los GRAPO, que mantenían en su poder a Oriol, se hacían con un segundo rehén. El golpe hizo crujir las cuadernas del frágil barco —la balbuceante democracia— que pilotaba Suárez. “El secuestro de Villaescusa tensó mucho la cuerda. Eso afectaba no solo al mundo político, sino también al militar”, confiesa ahora Martín Villa.

Pero aquel día no acabaría ahí. Porque apenas 12 horas más tarde, la sangre volvió a correr por las calles de Madrid. Un grupo de pistoleros ultraderechistas irrumpió en un despacho de abogados laboralistas de la calle de Atocha y abrió fuego a discreción. En aquel atentado fallecieron los abogados Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal, y resultaron heridos de gravedad Alejandro Ruiz Huertas, María Dolores González, Luis Ramos y Miguel Sarabia.

“Fue una semana absolutamente negra”, reflexiona el ex ministro de la Gobernación. Y cuando uno vuelve la vista atrás le recuerda ante los periodistas nervioso y casi desencajado, con sus gafas resbalando constantemente por su nariz a causa del sudor. “Ayer, Madrid llegó a sufrir un amago —¿solo un amago?— de noche de los cuchillos largos. Asistimos a una conspiración contra el Estado”, señalaba un editorial publicado en la portada de EL PAÍS. Y añadía: “La transformación por vía pacífica de la dictadura en una democracia hubiera sido insólita y hubiera pasado a los anales de la ciencia política. Era necesario, para algunos, intentar dinamitarla, y esta operación es a la que estamos asistiendo”.

“Que la policía quería localizar a Oriol y Villaescusa estaba fuera de toda duda, pero que quisiera detener a los asesinos de los abogados laboralistas no estaba tan claro”, admite Martín Villa al cumplirse el 35º aniversario. Juan José Rosón, en aquella época gobernador civil de Madrid, le recomendó que encomendara esta investigación al comisario Francisco de Asís Pastor, no al superagente Conesa.
Al entierro de los abogados asistieron cientos de miles de personas. Fue un acto ejemplar, un clamor silencioso en pro de la libertad y la democracia. Hasta el Rey estuvo presente en aquel evento: lo hizo sobrevolando a la multitud en helicóptero, según reveló hace un año el ex ministro socialista José Bono.

Arturo Ruiz, el estudiante que murió de un disparo
efectuado por un ultra en una manifestación
a favor de la amnistía

Ese clima de crispación política y social obligaba al titular de Gobernación a trabajar 24 horas al día. Dormía en el ministerio cubierto con una manta que le prestaron los guardias civiles de escolta. “Aquellos días de enero vi seriamente amenazada la Transición”, reflexiona hoy. Él dice que estaba volcado en el trabajo y que nunca fue consciente de que los entonces llamados poderes fácticos presionaran al presidente Suárez. “Pero tengo la impresión de que los militares pidieron al Rey que me quitara del cargo”, revela por primera vez, aunque jamás tuvo la constatación.
“Éramos un Gobierno no democrático, sino surgido de la legalidad franquista, pero que íbamos tras la democracia”, dice Martín Villa. “Éramos sospechosos de ser incapaces. Y yo, el ministro del ramo de la seguridad, estaba jodido”, agrega.

Sin embargo, el 11 de febrero de 1977, festividad de la Virgen de Lourdes, empezó a verse la luz al final del túnel negro en que había entrado la Transición. Los hombres del superagente Conesa lograron liberar a Oriol en un piso de la calle de San Claudio de Vallecas y al general Villaescusa en un inmueble de la calle de Sierra de Alcubierre en Alcorcón (Madrid), donde estaban retenidos por los GRAPO.

“Había sectores políticos que desconfiaban de que fuéramos a resolver el caso Atocha”, dice el ex ministro. Pero un mes después, los policías al mando del comisario Pastor apresaron a los homicidas. Todos ellos ultraderechistas muy significados.

“La captura de los asesinos de Atocha hizo que los grupos ultraderechistas se vinieran abajo”, sostiene Martín Villa. Este, a la par, emprendió otra tarea que él considera “muy importante”: alejar poco a poco a los militares de los puestos de decisión que tradicionalmente venían ocupando en la policía y la Guardia Civil.

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 —más de 40 años después de las últimas celebradas en España— suponían que los españoles volvían a decidir en las urnas su destino. Entre el fuego cruzado de los grupos de ultraderecha y los de ultraizquierda, los ciudadanos apostaron por la moderación al primar a los partidos de centroderecha y centroizquierda. Adolfo Suárez, al frente de la Unión de Centro Democrático, se convirtió en presidente con 166 diputados, mientras que el PSOE de Felipe González lideraría la oposición desde sus 118 escaños. Martín Villa seguiría al frente de las fuerzas de seguridad desde el nuevo Ministerio del Interior.

Tras los esfuerzos en pro de la reconciliación nacional promovidos por el Ejecutivo —hubo tres amnistías—, España navegaba hacia la normalización, pero la travesía aún tendría muchas turbulencias: la furibunda actividad de ETA y los GRAPO, la sangrienta oleada criminal de grupos neofascistas en 1980 y, finalmente, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pese a todos esos seísmos, la democracia triunfó.


 







Capitulo 12 de la serie "La transición"
 
Contenido:
Se aprueba la Ley de Reforma política. El Gobierno sale reforzado en los comicios en 1977. Sigue la preocupación por el secuestro de Antonio María de Oriol y Urquijo por el GRAPO, que exige la excarcelación de presos. La ultraderecha increpa a los Reyes y a Fernández Miranda en el tercer aniversario del funeral por Carrero Blanco. Santiago Carrillo es detenido y puesto en libertad siete días después. El Gobierno inicia negociaciones con la oposición. Los contactos con Josep Tarradellas son clave para integrar a los nacionalistas catalanes. Movilizaciones pro amnistía. La muerte de dos estudiantes en manifestaciones, el secuestro del general Emilio Villaescusa y los asesinatos de los siete abogados laboralistas de Atocha ponen en peligro la Transición. La liberación de Oriol y del general dan un respiro al Gobierno.

Manuela Carmena

Manuela Carmena, ahora alcaldesa de Madrid, desde su despacho de abogados de la calle Atocha, fue testigo y actriz principal de los años que forjaron la situación actual del país desde su desarrollo profesional pero también político, ya que también fue miembro del Partido Comunista. Sin duda, el suceso que marcó la vida política de la cabeza de lista de Ahora Madrid fue el atentado contra los abogados de Atocha. Ella se salvó de ser una de las víctimas de la matanza por puro azar. Trabajaba de forma habitual en el despacho del número 55 de la Calle Atocha, compaginándolo con el que poseía en el número 49. No obstante, Carmena era la titular de arrendamiento del piso donde fueron asesinados sus compañeros. El día del atentado, la abogado laboralista tenía que haber estado trabajando en el número 55 pero Luis Javier Benavides (uno de los tiroteados) le pidió un intercambio de oficinas para una reunión. Así figura en la crónica de su declaración en 1980 en el juicio por los asesinatos de sus compañeros.

Abandonó las filas del PCE y comenzó a ejercer en la carrera judicial en enero de 1981. Ya como juez luchó contra las «corruptelas» existentes en los juzgados y en 1986 recibió el Premio nacional Derechos Humanos.

Fue juez de vigilancia penitenciaria y titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid. Fue elegida juez decana de Madrid en 1993. Intervino en el caso Tabacalera. En 1996 fue nombrada por el Senado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida y fue una de las fundadoras de la asociación progresista Jueces para la Democracia. Carmena fue presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas. En esa condición visitó Guinea Ecuatorial, Honduras, Nicaragua y Sudáfrica, entre otros países. En septiembre de 2011 fue nombrada asesora del Gobierno vasco de Patxi López sobre atención a las víctimas de abusos policiales.

Jubilada de la judicatura desde 2010, Carmena es actualmente miembro del Patronato de la Fundación Alternativas, un laboratorio de ideas próximo al PSOE. Decidió abandonar la jubilación para fundar la empresa "Yayos Emprendedores", que comercializa creaciones de presos. Esta empresa no reparte beneficios y destina todos sus ingresos a los sueldos de presos y trabajadores, gasto de materiales y reinversión en el propio proyecto social.

En 2015 se presentó como candidata a las primarias de la candidatura Ahora Madrid para las elecciones municipales de 2015 en Madrid de ese mismo año; y fue elegida cabeza de lista con un 63 % de los votos. El 24 de mayo la lista que encabezaba obtuvo alrededor de un 31,85 % de los votos y 20 concejales, quedando en segundo lugar por detrás de la lista del Partido Popular encabezada por Esperanza Aguirre.

El reparto de concejales resultante de las elecciones permitió a Carmena convertirse en la alcaldesa el 13 de junio de 2015 tras ser apoyada por el PSOE, encabezado entonces por Antonio Miguel Carmona.

Aqui la vemos en un video de 1981 entrevistada por Carmen Maura y por Javier González Ferrari.